Introducción. En México la política social ha tenido un tránsito importante en las últimas décadas: ha pasado de una atención casuística a problemas de satisfactores sociales a una definición de derechos sociales que en su calidad de derechos humanos su atención constituye una obligación del Estado Mexicano. De los grandes programas regionales, la concentración en localidades según su clasificación por marginación, énfasis en la solidaridad social, focalización en personas, ahora se sientan las bases para que sea el fundamento jurídico la guía de las acciones en materia de política social. El propósito es aprovechar la amplia experiencia acumulada como país para establecer un paradigma de atención con nuevas bases jurídicas e institucionales. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece con claridad los derechos sociales de los mexicanos en tanto sujetos de derechos humanos. Los avances más relevantes se tienen en materia de educación y salud, temas en los cuales, de los problemas de cobertura pasamos ahora a los de calidad. Pero existen otros derechos como los del acceso a la alimentación, a la seguridad social, a la vivienda con servicios de calidad y a un ingreso digno, entre otros, en los que se busca avanzar de forma sólida y contundente. Desarrollo. La Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH) es una prueba fehaciente de ello. Se trata de hacer efectivos los derechos sociales de una población objetivo de 7 millones de personas que hoy presentan tres carencias, entre ellas la alimentaria. Pero más allá de este propósito se están construyendo nuevas vías de actuación que permitan hacer efectivos los derechos sociales a plenitud como una obligación de Estado. Para ello se actúa en los siguientes ámbitos: 1.Se coordinan las acciones de los tres órdenes de gobierno mediante la alineación de los programas a cada uno de los derechos sociales. 2. Se actúa al mismo tiempo con una orientación acorde a las características propias de los espacios territoriales y a las condiciones de cada individuo, con base en un padrón que identifica a cada persona y sus necesidades. 3.Se recupera la participación social al convertir a las personas en lo individual y en grupos organizados en agentes activos de las decisiones, acciones y evaluaciones de las políticas sociales. 4.Se sientan las bases para que la política social, como obligación de Estado, se asuma como responsabilidad de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes al cumplir su compromiso de acuerdo a sus atribuciones y facultades. La CNCH está rindiendo resultados satisfactorios a casi tres años de su implementación. Más de tres millones de personas comen mejor y se atienden de manera puntual problemas de desnutrición de los menores de cinco años de esa población objetivo. Además, el enfoque integral de este programa permite atender las demás carencias sociales y establecer así un piso social básico que hará posible en el mediano plazo el disfrute pleno de los derechos sociales. Componente fundamental de estos esfuerzos es la vinculación productiva. Se trata de que el acceso a los derechos básicos y la superación de la pobreza sean sostenibles mediante la incorporación productiva de la población en pobreza. A esto hemos llamado democratización de la productividad, que significa el reconocimiento de que los pobres son productivos si cuentan con los apoyos adecuados y suficientes y que pueden abandonar esta condición justamente incorporándose a la economía formal. El reto ahora es a partir del piso social básico hacer que el disfrute de los derechos sociales no sea producto de la iniciativa gubernamental, sino el resultado de la acción ciudadana. Para ello se trabaja en leyes como la del acceso a la alimentación y se abordarán otras que reglamenten los derechos sociales constitucionalmente establecidos como derechos humanos. c) Conclusiones. La CNCH está alcanzando su propósito primordial de acabar con el hambre en México. Al mismo tiempo, permite avanzar en la construcción de las bases legales e institucionales que hagan efectiva la política social como una política de derechos. Así, el conjunto de programas que todavía mantienen una inercia de objetivos y población beneficiaria dispersa, habrán de constituirse en los fundamentos de la atención a una ciudadanía social que exige y ejerce sus derechos. A este enfoque le hemos llamado política social de nueva generación: recoge las experiencias históricas de las políticas sociales de las últimas seis décadas y las inscribe en un nuevo marco que significa un cambio cualitativo en las responsabilidades sociales del Estado Mexicano.