Cruzada Nacional Contra el Hambre, México DF, México.
Modificar los comportamientos gubernamentales entraña una enorme dificultad. La lucha contra el hambre en esta administración inicio con una institucionalidad heredada de las administraciones pasadas ineficiente, alejada del territorio donde sucede el problema, descoordinada, confrontada con los otros órdenes de gobierno y con pésima calidad en los servicios. El tema del hambre ni siquiera estaba en la agenda pública, en términos prácticos, se negaba el problema. La estrategia ha sido substituir las anteriores practicas mediante una evaluación seria y sistemática con la apertura permanente a la crítica y provocando la participación de la comunidad y de los gobiernos locales. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, sostuvo en su reciente informe: ‘La Cruzada esta; modificando las dinámicas y rutinas de las dependencias de gobierno en los tres ámbitos de gobierno. ‘La Cruzada esta teniendo incidencia en las rutinas y decisiones de distintos actores en los tres órdenes de gobierno.’ Los resultados de la política social de los años 2000 al 2012 no dan motivo a continuarla incondicionalmente sino a reformarla profundamente. En ese lapso se dedicaron 2 billones 144 mil 950 millones de pesos a los programas de combate a la pobreza pero el número de mexicanos en esa situación creció en 8 millones 649 886 personas. La estrategia prevaleciente de 2000 a 2012, tuvo dos ejes centrales: El primero, incrementar los programas de transferencias monetarias a las personas en situación de pobreza en lugar de incluirlos en los programas de apoyo productivo al campo; manejar los apoyos productivos a la ciudad mediante un esquema que reclamaba del solicitante tener acceso previo a internet y substituyó a los agentes de gobierno con intermediarios privados y, el segundo, entregar certificados de acceso al seguro popular no siempre respaldados por el incremento de la infraestructura de salud. No se realizaba planeación a partir del diagnóstico de los problemas sociales sino a partir de la inercia presupuestal. La insustituible participación comunitaria no tenía estructuras que permitieran la visibilidad de la comunidad ni su articulación lo cual impide su intervención activa en las etapas de la política pública. El proceso estaba construido para la relación individual, pasiva y asistencialista entre el gobierno y la comunidad. No existían arenas institucionales en funcionamiento para desarrollar la coordinación interinstitucional entre las dependencias del gobierno federal; no existían arenas institucionales de diálogo con la sociedad civil; no existía una articulación comunitaria ni espacios para su participación en la planeación, ejecución y evaluación de la acción gubernamental y no existían acuerdos con los gobiernos locales para la disminución del hambre. La evaluación independiente, externa, solicitada a pesar de que no le marca la ley, acompañada de un proceso de seguimiento alas recomendaciones es lo que ha permitido crear y pilotear modelos alternativos y no substituir lo fallido con ocurrencias que buscan resultados inmediatos pero insostenibles. El ideal de la administración pública es iniciar los trabajos en una página en blanco donde los presupuestos, personal, instalaciones, rutinas, prácticas, culturas administrativas, instituciones y relaciones intergubermaentales se pudieran modificar de un momento a otro. Eso no pasa nunca y no fue la excepción en 2013. Se encontró, por ejemplo, muy poco personal de gobierno trabajando en las comunidades, programas que dejaban un amplio hueco en la seguridad social de los mexicanos, ausencia de herramientas básicas de planeación como el padrón de las personas en situación de pobreza, un sistema nacional de medición de talla y peso, un modelo de atención al campo que excluía a los campesinos pobres, una desvinculación de los programas de transferencias con los programas de proyectos productivos y una competencia entre dependencias federales y entre órdenes de gobierno. CONEVAL sostuvo respecto a la estrategia central de la administración federal 2006-2012: “…los programas mantuvieron su estrategia de cobertura con independencia de la E100X100”. La Cruzada es, precisamente, el llamado de atención a la administración pública de que la forma como venía operando daba como resultado de que siete millones de mexicanos padecían pobreza extrema con carencia alimentaria. Las decisiones estratégica fundamentales fueron: Iniciar la Cruzada; construir un sistema de información de las personas en situación de pobreza extrema con carencia alimentaria; iniciar un proceso de planeación y seguimiento a nivel territorial para transitar a otro a nivel comunitario, familiar e individual; construir el padrón de beneficiarios de los programas que confluyen en la Cruzada; no abandonar la acción integral para abatir el hambre y , en consecuencia, construir las arenas institucionales de coordinación interinstitucional, de diálogo con la sociedad civil, y de acuerdo con los gobiernos locales; impulsar la organización comunitaria y la participación social; y estructurar un esquema de evaluación permanente y de reforma institucional que conlleve a la mejora continua de la estrategia.